Envases, residuos y decretazos: las empresas no pueden seguir adaptándose a ciegas

El pasado 12 de febrero entró en vigor el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, una ambiciosa norma que pretende revolucionar la gestión de los residuos en Europa.

Para ajustarse a este nuevo marco, el Gobierno español ha abierto una consulta pública previa —abierta hasta el 5 de junio— con el objetivo de decidir si modifica el Real Decreto 1055/2022, vigente desde hace apenas dos años, o lo deroga completamente y redacta uno nuevo.

A primera vista, este proceso parece un simple trámite técnico. Pero lo que está en juego va mucho más allá. Se trata de la estabilidad de miles de empresas, la coherencia de nuestra legislación ambiental y la capacidad del Estado para planificar políticas sostenibles sin improvisación.

Porque no es la primera vez. En 2022, España aprobó el Real Decreto 1055/2022 para transponer una directiva europea y adaptar la normativa sobre envases a la Ley de residuos y suelos contaminados. Ahora, en apenas tres años, se plantea rehacer esa misma norma para ajustarla a un nuevo reglamento europeo que cambia —en parte de forma contradictoria— los principios sobre los que se construyó aquella.

Reglamentos europeos que colisionan con normas nacionales

La situación actual es más que un ajuste técnico: algunas disposiciones del nuevo reglamento europeo entran en contradicción directa con lo dispuesto por el real decreto español. Mientras que el Reglamento (UE) 2025/40 establece la obligatoriedad del etiquetado medioambiental en los envases, el Real Decreto 1055/2022 no contemplaba esta exigencia, dejando mayor libertad a los operadores. Además, el reglamento europeo impone restricciones a determinados formatos de envases —especialmente aquellos considerados innecesarios o difíciles de reciclar—, mientras que la normativa española vigente otorgaba a la industria un mayor margen de maniobra.

Se introducen también objetivos obligatorios de reutilización, que en el real decreto eran meramente indicativos o incluso inexistentes en algunos sectores clave como el de la alimentación. A esto se suma la armonización de criterios en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) que impone el reglamento, frente al modelo español, que permitía más diversidad y competencia entre diferentes estructuras de gestión.
Estas contradicciones no son cuestiones menores ni simples ajustes administrativos. Exigen una revisión profunda del marco legal y, lo que es más importante, una reestructuración organizativa significativa para las empresas que llevan dos años adaptándose a una normativa que, ahora, puede quedar desfasada o incluso entrar en conflicto con las exigencias europeas.

Desde la aprobación del Real Decreto 1055/2022, miles de empresas en España —muchas de ellas pequeñas y medianas — han realizado un esfuerzo considerable para cumplir con los nuevos requisitos impuestos por la normativa nacional en materia de envases. Este esfuerzo no ha sido solo económico, sino también organizativo y estratégico. Muchas compañías han tenido que modificar los materiales utilizados en sus envases, apostando por opciones más sostenibles, aunque más costosas, y rediseñar procesos enteros de envasado para adaptarse a las nuevas exigencias. En paralelo, han debido renegociar contratos comerciales, integrarse en Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs), cumplir con exigencias de registro, trazabilidad y comunicación de datos e incluso afrontar auditorías externas para verificar su cumplimiento.
Además, se han visto obligadas a reformar sus sistemas de facturación, incorporar nuevas etiquetas en los productos y asegurar que toda la cadena de valor —desde proveedores hasta distribuidores— responde a los criterios marcados por el real decreto. Todo esto en apenas dos años, y con escaso margen para errores. Porque el incumplimiento, incluso por desconocimiento o ambigüedad normativa, se ha traducido en riesgos legales y económicos significativos.

Sin embargo, todo este esfuerzo, que tenía como horizonte generar un marco estable, resulta ahora cuestionado. A tan solo un año y medio de la entrada en aplicación del Reglamento (UE) 2025/40, las empresas se ven obligadas a revisar de nuevo sus procedimientos y estructuras. No porque hayan incumplido, ni porque sus prácticas sean ineficientes, sino porque las reglas del juego han cambiado de nuevo.
La incertidumbre, en este punto, es total. Muchas empresas no saben si deberán rehacer por completo sus etiquetas, si los contratos firmados con los SCRAPs actuales seguirán siendo válidos o si los modelos de recogida que han asumido voluntariamente tendrán que ser sustituidos por nuevos sistemas obligatorios. Tampoco está claro si serán sancionadas en caso de no adaptarse a tiempo, ni quién asumirá los costes asociados a exigencias como la implantación de sistemas más rigurosos de trazabilidad o la incorporación de mecanismos de retorno y reutilización.

Adaptarse al cambio es, sin duda, una parte esencial del día a día empresarial, especialmente en un contexto de transformación ecológica. Ahora bien, no es lo mismo hacerlo con tiempo, información clara y una hoja de ruta definida, que enfrentarse a la incertidumbre sobre qué se espera, en qué plazos y con qué garantías. Para que el compromiso de los actores económicos sea real y sostenible, es fundamental contar con un marco normativo estable, previsible y coherente.

Los valores aplicables para la transición normativa

Como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso de aplicar el nuevo Reglamento sobre envases y residuos de envases, integrando en su legislación las disposiciones comunitarias orientadas a una economía más sostenible, eficiente y circular. No obstante, el cumplimiento de este marco europeo no debería abordarse de forma apresurada ni descontextualizada. Adaptar una norma comunitaria no puede convertirse en un trámite automático que ignore la realidad nacional ni desincentivar los avances que ya ha realizado el tejido productivo en los últimos años.

El debate sobre la conveniencia de reformar el actual Real Decreto 1055/2022 o de aprobar una nueva norma debería ir más allá de las cuestiones puramente técnicas. Lo verdaderamente relevante es cómo se gestiona ese cambio, con qué enfoque y en beneficio de quién. En este sentido, cualquier opción normativa debería apoyarse en tres principios esenciales: coherencia regulatoria, transparencia en el proceso y participación efectiva de los sectores implicados.

Las empresas deben ser consideradas como aliados estratégicos en este proceso, no únicamente como sujetos obligados. Escuchar a quienes conocen de primera mano la operativa diaria, los costes y los retos técnicos no es solo una buena práctica: es una condición esencial para avanzar hacia soluciones equilibradas, viables y sostenibles tanto desde el punto de vista ambiental como económico.
En definitiva, si España aspira a ser un referente en sostenibilidad, también debe aspirar a serlo en la forma en que legisla, dialoga y apoya a quienes hacen posible esa transformación sobre el terreno.

Una oportunidad que no puede desperdiciarse

El momento actual no debería vivirse como una carga impuesta desde Bruselas, ni como una simple obligación legal que cumplir a contrarreloj. Al contrario, es una ocasión valiosa para repensar el marco regulador español en materia de envases y residuos desde la lógica del bien común, y no solo desde la lógica de aplicación normativa. El reto al que nos enfrentamos no es redactar una norma más, sino construir un sistema más claro, más coherente y más equitativo, tanto para el medio ambiente como para quienes trabajan cada día en el tejido productivo del país.

Esta transición no puede hacerse de espaldas a la realidad. Si España aspira a liderar una transformación ecológica ejemplar, debe hacerlo con normas ambiciosas, sí, pero también con normas estables y comprensibles. La complejidad normativa no puede ser un fin en sí mismo. La legislación debe ser un instrumento de progreso, no una trampa burocrática para quienes intentan cumplirla.

Las empresas han demostrado voluntad de adaptación. Han invertido, han modificado procesos, han asumido responsabilidades. Pero no pueden —ni deben— hacerlo a ciegas, bajo la amenaza permanente de una reforma inminente y sin dirección clara.

Tenemos la oportunidad —y también la responsabilidad— de hacer las cosas bien. De poner orden, de dar seguridad, y de demostrar que avanzar hacia un modelo más sostenible no es solo una cuestión de metas ecológicas, sino también de madurez reguladora. No la desaprovechemos.